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21 gener 2018

#SinSalidas: Cinco medidas que el Gobierno debe cumplir para proteger a las personas migrantes y refugiadas

#SinSalidas: Cinco medidas que el Gobierno debe cumplir para proteger a las personas migrantes y refugiadas

Diez organizaciones exigen al Estado español cinco medidas para la protección de los derechos de las personas refugiadas y migrantes. Millones de personas migrantes y refugiadas, en extrema situación de desprotección y vulneración de derechos. Hacemos un llamamiento común a la acción política.

 

 

 

  • Diez organizaciones exigen al Estado español cinco medidas para la protección de los derechos de las personas refugiadas y migrantes
  • Han colocado una señal de prohibido en la plaza de Ópera para simbolizar los obstáculos a los que se enfrentan quienes huyen de la guerra y la persecución

Madrid, 8 de junio de 2017.– Un total de diez organizaciones han colocado hoy en la Plaza de Ópera una señal de prohibido para simbolizar las dificultades por las que pasan las personas refugiadas durante sus viajes en búsqueda de protección, y hacer un llamamiento común al Gobierno de España para que lleve a cabo de una vez por todas una serie de medidas mínimas urgentes que desbloqueen esta situación. Accem, Amnistía Internacional, Ayuda en Acción, Cáritas, CEAR, Coordinadora de ONG para el Desarrollo, Fundación Cepaim, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Red Acoge, han elaborado un documento conjunto con cinco ejes para que el Gobierno español cumpla con sus compromisos.

“Somos organizaciones diversas pero hoy estamos aquí para exigir al gobierno un objetivo común: conseguir que quienes huyen de la guerra y la persecución dejen de encontrarse en una situación de desprotección y vulneración de sus derechos como consecuencia de las políticas migratorias”, ha señalado Sagrario Martín, de Médicos del Mundo.

Impulsar políticas internacionales que garanticen los derechos humanos y protejan las vidas de las personas refugiadas y migrantes, impidiendo que se vean abocadas a tomar rutas más peligrosas; mejorar el sistema de acogida para que sea flexible, sostenible, y permita la verdadera integración de las personas; facilitar nuevas vías legales y seguras; poner fin a las devoluciones ilegales y garantizar que todas las personas pueden solicitar el acceso a la protección internacional, así como conseguir la protección efectiva de las que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, como niños, niñas, mujeres embarazadas o que viajan solas, personas de más edad, el colectivo LGBTI y quienes pertenecen a minorías étnicas y religiosas, son las cinco medidas que han propuesto las organizaciones en un documento común.

“A pesar de todas las iniciativas ciudadanas y de las organizaciones sociales, mediante las que se están exigiendo una bienvenida adecuada para estas personas, seguimos viendo con preocupación la pasividad de los líderes mundiales para dar respuesta integral a esta situación”, asegura Irene Ortega, de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo. España, que solo ha acogido a 1.304 personas refugiadas de las 17.337 que se comprometió a reubicar y reasentar con la Unión Europea, es un ejemplo de ello.

En este sentido, las organizaciones se han dirigido por carta a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, para solicitarle una reunión y exigirle que ponga en marcha estas medidas de manera inmediata. Quedan tres meses para que España demuestre si cumple o no con sus compromisos, pero las organizaciones recuerdan que, de seguir al ritmo que llevamos en materia de acogida, se tardarían más de 22 años en conseguirlo.

Más información

Actualmente el 86% de los más de 21 millones de personas refugiadas en el mundo se encuentran en países de ingresos bajos y medios, y 12 millones están en 10 países que apenas suman el 2,5% del producto interior bruto mundial. Estas cifras ridículas muestran cómo la realidad de las políticas migratorias a escala global y especialmente en Europa está dejando a millones de personas migrantes y refugiadas en una extrema situación de desprotección y vulneración de derechos.

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