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23 juliol 2018

La Coordinadora Valenciana de ONGD solicita a la Generalitat Valenciana que no acepte el acuerdo judicial en falso en el Caso Blasco

La Coordinadora Valenciana de ONGD solicita a la Generalitat Valenciana que no acepte el acuerdo judicial en falso en el Caso Blasco

Las ONGD piden al Gobierno valenciano que no apoye un acuerdo que no hace justicia efectiva, no condena a los responsables y no garantiza la devolución de lo robado.

Concentracion en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ante el inicio del juicio de la primera pieza del caso Blasco 09/01/2014


València, 15 de junio de 2018.- La Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD) ha solicitado una reunión a la Generalitat Valenciana para pedirle que no acepte un acuerdo judicial que dejaría, después de ocho años de instrucción, prácticamente impunes la mayoría de los delitos, rebajaría de manera inaceptable las penas de los 24 acusados y no se aseguraría la devolución de los fondos desviados, ni las responsabilidades derivadas del Caso Blasco.

La presidenta de la Coordinadora Valenciana de ONGD, Trini Blanch ha declarado: “El acuerdo en los términos planteados según la información que disponemos es inaceptable y deja el caso Blasco sin justicia efectiva y sin que se devuelvan los fondos defraudados”.  

Trini Blanch añade: “Si se confirman los términos de este acuerdo, aceptarlo significaría lanzar a la sociedad un mensaje de impunidad en casos graves de corrupción, algo incoherente con el espíritu ético de lucha contra la corrupción del actual gobierno valenciano”.

 “La Coordinadora Valenciana de ONGD, como acusación popular independiente, seguirá velando como hemos hecho desde un principio por que haya justicia efectiva, no haya impunidad con los responsables y se devuelvan los fondos defraudados que deben destinarse a Cooperación Internacional al Desarrollo”, concluye la Presidenta de la Coordinadora.

Según informaciones judiciales, la fiscalía ha propuesto a los principales acusados en el Caso Blasco, un acuerdo que implicaría una rebaja de penas por la que sólo tres personas de las 24 acusadas entraran en prisión con penas, además, muy bajas. Serian el ex Conseller Rafael Blasco que de una petición de 16 años de prisión pasarían a una condena de sólo 2 años y medio, el empresario Cesar Augusto Tauroni, que pasaría de 21 años a 2 años y medio, y el ex - jefe del Área de Cooperación de la Generalitat, Marc Llinares, que no fue condenado en la anterior pieza por un defecto de forma, y que pasaría de 16 años a 2 años y tres meses.

Para resto de los 21 acusados, habría un sobreseimiento o penas muy menores cuando en total se les solicitaba 170 años de cárcel. Según estas mismas informaciones no todos los acusados están de acuerdo con los términos del acuerdo, por lo que se llegaría al extremo de “retirarles la acusación” para no entorpecer el mismo.

Por lo que respecta a la responsabilidad civil, no hay ninguna garantía de recuperación de las cantidades desviadas, ya que el acuerdo propuesto por la Fiscalía únicamente implica por parte de los acusados el compromiso de poner a la venta diferentes inmuebles.

Cesar Augusto Tauroni ofrece poner a la venta inmuebles en Miami y un yate cuando dichos bienes ya están embargados por el Tribunal Superior de Justicia en la pieza primera en la que quedan pendiente de recuperar casi 2 millones de euros. El acusado Marc Llinares ofrece poner a la venta vivienda en Denia embargada en las piezas 2 y 3 si bien en estas piezas también tiene embargado otro inmueble en Xixona, por lo que este acuerdo le resultaría altamente beneficioso ya que el segundo inmueble quedaría liberado.

Dicho acuerdo además no tiene en cuenta la reclamación por daños morales efectuada por la Generalitat Valenciana (3.000.000 €) y por la Coordinadora de ONGD, que superaba los 4.000.000 €. Hay que recordar además que el Tribunal Superior de Justicia hace dos días denegó el tercer grado a Rafael Blasco por “riesgo de reiteración de los delitos cometidos” y porque "no ha hecho el más mínimo intento de paliar las graves consecuencias económicas", lo cual es absolutamente incompatible con el contenido del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y los acusados.

Según el acuerdo además, podría quedar sobreseída, aunque este término no está confirmado, la instrucción de la pieza quinta del caso Blasco, en la que se están investigando los supuestos amaños en contratos informáticos por valor de más de un millón de euros de la extinta Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía entre los años 2009 y 2011.

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